UN ESTADO PARALELO Y MAFIOSO
UN ESTADO PARALELO Y MAFIOSO
Hace mucho que se habla de los vínculos entre un sector del Poder Judicial, los grandes medios de comunicación, el poder económico concentrado, la oposición política y los servicios de inteligencia. Nuevamente han aparecido pruebas claras de su existencia.
En octubre de este año, el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro; el fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques; el juez federal Julián Ercolini; el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, Pablo Yadarola; el juez en lo Contencioso Administrativo federal, Pablo Cayssials; el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques; el presidente del directorio del Grupo Clarín, Jorge Rendo; el abogado y actual director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo, Pablo Casey; el asesor en comunicación, consultor y presidente de MediaBit SA, Tomás Reinke; un ex funcionario de la SIDE, Leonardo Bergroth; entre otros, viajaron a la estancia del magnate británico, Joe Lewis, ubicada en Lago Escondido, aproximadamente a 50 km de la localidad de El Bolsón.
La reciente filtración de los mensajes de Telegram en un grupo, autodenominado “Los Huemules”, puso en evidencia la total impunidad con la que funciona esta trama de poderes corporativos. Los que estamos comprometidos con la democracia y sus instituciones, quedamos sumergidos en una mezcla de indignación y preocupación. Lo que sucedió es de una enorme gravedad institucional.
La supuesta independencia de jueces, fiscales, dirigentes políticos opositores y medios de comunicación quedó instantáneamente suplantada por la evidencia de una estrecha relación entre ellos e incluso una gran familiaridad que les permitió debatir cómo fraguar la fecha de facturas para justificar gastos, pactar la eliminación de fotos comprometedoras y ocultar datos como los medios de transporte utilizados para llegar hasta Lago Escondido, entre otras maniobras.
En estos intercambios de Telegram utilizaban sus conocimientos de la ley para intentar quedar fuera de su alcance. Por eso, lo que delatan esos mensajes es la planificación en grupo del ocultamiento de pruebas o la fabricación de pruebas para no quedar involucrados.
De esta manera comienza la nota que escribí para Página/12.
Carlos Heller, Presidente PSOL.
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